Fotos: Agencia AP / Cuartoscuro
Por Ady Corral
@AdyrCorral

A cinco años de la masacre en Tlatlaya

Días antes al 30 de junio de 2014, el 102/o. Batallón de Infantería, del Ejército mexicano, recibió de sus altos mandos una orden que literalmente instruía “abatir a civiles en horas de oscuridad”, en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya; 22 civiles armados perdieron la vida a manos de elementos castrenses.

Al cumplirse cinco años de la masacre ocurrida en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, en la que 22 civiles perdieron la vida luego de presuntamente haberse enfrentado a elementos del Ejército Mexicano (30 de junio de 2014), a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia.

Activistas se han manifestado y asegurado que a 5 años de la masacre “no hay un avance que se dirija al esclarecimiento de la verdad, ni existe resolución alguna que sancione por homicidio a los funcionarios militares implicados en el caso”, en el marco del aniversario de los hechos.

Luego de que el domingo 30 de junio comenzó el despliegue de la Guardia Nacional en todo el país como lo había informado días antes el presidente Andrés Manuel López Obrador, la organización defensora de los derechos humanos, Centro Prodh, recalcó que, en aquella ocasión “al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, en el contexto de la militarización de la seguridad pública”.

En la Recomendación No. 51/2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) logró acreditar que el día de los hechos se alteró la escena del crimen con la intención, “muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”.

En ese sentido, el organismo defensor de los derechos humanos asegura que los cuerpos fueron movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además de que se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de telecomunicación de la escena.

Adicionalmente la CNDH logró acreditar violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar, adscrito al 102/o. Batallón de Infantería en San Miguel Ixtapan que participó en los hechos.

También logró acreditar actos de tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de México en contra de algunas de las víctimas.

Por su parte, un dictamen pericial en materia de química forense practicado a las 22 víctimas, dos días después del presunto enfrentamiento, por un perito oficial de la PGJ adscrito al área de laboratorios especializados, encontró que los 22 fallecidos tenían presencia de plomo y bario, tras practicar la prueba de rodizonato, lo que responde un sí, a la pregunta de si los civiles iban armados.

En un comunicado el Centro Prodh, recordó que de acuerdo con el testimonio de Clara Gómez, una sobreviviente del suceso y la propia recomendación de la CNDH, entre 12 y 15 de las muertes fueron ejecuciones extraoficiales. Entre los fallecidos se encontraba una adolescente de 15 años de edad.

“Resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió”, explicaron los activistas.

También recordaron que el mismo Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones, es decir, el 102/o. Batallón de Infantería, había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía “abatir civiles en horas de oscuridad”.

Luego de que esta indagatoria fuera consignada, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados. El séptimo fue condenado solamente a un año de prisión por el delito de desobediencia.

Por su parte, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) inició y consignó la averiguación previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la que acusó a siete militares por el homicidio de ocho civiles y por encubrimiento.

Sin embargo, debido a que “no ofreció pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, estos fueron liberados con las reservas de ley por el Poder Judicial de la Federación en mayo de 2016, a pesar de considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias”, sentenció el Centro Prodh.

El 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ordenó a la PGR, mediante una sentencia dictada dentro del Juicio 545/2017, realizar “con debida diligencia la investigación de los hechos, agotando la cadena de mando e investigando la orden castrense que instruía a abatir delincuentes”.

Aún no existen avances que lleven al esclarecimiento de los hechos, lamentó la organización dirigida por Santiago Aguirre, a pesar de dicha sentencia y de los pronunciamientos a favor de la justicia en el caso por parte de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de procedimientos especiales, como el llevado a cabo por el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas.

“Si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados, se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos”, concluyó el Centro Prodh.

Adyr Corral, Egresado de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la UNAM. De oficio reportero, actualmente en Milenio.

Contacto:
@AdyrCorral

Escrito por Redacción Linotipia

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